PANORAMA SEMANAL: Impuestazo, de la arbitrariedad al escándalo

09/02/2020 | Editorial |

Salvo por la remolona actitud de la Justicia para encarar acciones en contra del poder político, el caso del impuestazo de la ciudad de Resistencia no encuentra respuestas a la falta de judicialización. Ya hay numerosos y diversos elementos que indican que la aprobación del mismo lo ha sido en situación irregular, aunque sin perjuicio de ello, la oposición debería tener número para sancionar la derogación de esa norma.

La salida política, sin embargo, se expone a un veto del intendente Gustavo Martínez, y con ello la confirmación de la polémica norma sancionada.

Lo que queda en claro es la intransigencia de la gestión municipal que cuenta con estos ingresos para el desarrollo de su gestión. Sus espaldas mediáticas han exacerbado su apoyo con burdos análisis. El periodismo aplaudidor que viene gozando desde tiempos inmemoriales de los recursos públicos, siempre alejados de los intereses generales.

El concejal Fabricio Bolatti cuestionó no sólo el impuestazo aplicado por la Municipalidad, sino particularmente la sesión en la que se aprobó la norma. Las “irregularidades” denunciadas permitirían abrir una investigación judicial. No parece que ninguno de los sectores involucrados esté dispuesto a hacerlo.

El impuestazo podrá ser un exceso, pero está dentro de las facultades del intendente. Pero si el trámite fue irregular la cuestión debería ser otra.

 

Brindis con Sprite

Jorge Capitanich logró su primera victoria importante en la pulseada que viene teniendo con Gustavo Martínez. Tras la pírrica victoria que le permitió colocar a Hugo Ságer como presidente de la Cámara de Diputados, el jefe comunal de la capital lo destrató cada vez que pudo, los puntos más visibles, el último faltazo a la reunión regional que se hizo en Barranqueras, apenas unos días antes de que el intendente comenzara unas vacaciones prolongadas.

La relación sigue siendo tensa, tanto que el ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, afirmó en el programa radial Contracara, que conduce Tonino Guinter, que el Gobierno está interesado en revisar las gestiones de la administración anterior en las empresas públicas, fundamentalmente en Sameep, manejada hasta el 9 de diciembre pasado por un funcionario puesto por Gustavo Martínez.

Algo parecido podría encararse en Salud Pública, especialmente la etapa de Mariel Crespo y su sucesor, Luis Zapico. En la gestión de este último se produjo el escandaloso robo de 200 mil kilos de leche destinado a personas de escasos recursos. Hay interés por conocer si las causas del colapso en que heredó el área son solamente reflejo de las políticas sanitarias o existen también responsabilidades locales.

Nadia García Amud, alejada de sus habituales decisiones, esta vez formó un bloque unipersonal. No da el mensaje de saltar de un bando al otro del peronismo, pero difícilmente alguien le crea que está decidida a posicionarse justo en el centro.

Por el contrario, mucho más tarde de lo que esperaba, Capitanich empieza a ajustar sus números en la Legislatura. Todavía no está en donde pensaba a iba a estar cuando regresó, pero el pase de García Amud, auspiciado por el diputado nacional Aldo Leiva, es un inicio.

De todas maneras el panorama todavía es incierto. Su relación con el sector público viene siendo complicada. Con el gremio docente, fundamentalmente, la tensión es muy alta. Como ocurrió con Axel Kiciloff en la provincia de Buenos Aires, Chaco parece que se tomará un tiempo para cumplir con la última actualización por cláusula gatillo que acordó Domingo Peppo con el sector.

Falta paritaria nacional para saber dónde irá a parar el mínimo docente. Pero falta más que eso para saber si este gremio, el más combativo de los estatales, va a dar clases o no durante el año.

Montos fijos y en negro, le permitirían al gobierno darle previsibilidad a sus números. ¿Será suficiente? Una pauta general que abarque a todos los sectores. El acuerdo sería entonces todo o nada, aunque siempre algunos sectores de mayor poder de lobby, pero no los más populosos de la administración pública terminarían saltando esas barreras.


¿Está de acuerdo con un impuesto a las grandes fortunas para financiar el gasto que demande la atención por la pandemia?